• Guztiak
  • Aparkalekua
  • apartamentua
  • basetxea
  • Bulegoa
  • duplex-a atico-a
  • Duplexa
  • etxea
  • Industria-pabiloia
  • itsatsita
  • Lursaila
  • Merkataritza-lokala
  • Orubea
  • pisu
  • Rustica lursaila
  • txaleta

Encontramos la casa de tus sueños

  • Guztiak
  • Aparkalekua
  • apartamentua
  • basetxea
  • Bulegoa
  • duplex-a atico-a
  • Duplexa
  • etxea
  • Industria-pabiloia
  • itsatsita
  • Lursaila
  • Merkataritza-lokala
  • Orubea
  • pisu
  • Rustica lursaila
  • txaleta

Bulegoa Lleida

125.000 €
  • Erreferentzia
    01874
  • bainugelak
    2
  • Azalera
    130 mts
13.000 €
  • Referencia
    01296
  • Superficie
    13 mts

Aparkalekua - Torredembarra (Estacion)

83.000 €
  • Referencia
    01900
  • Habitaciones
    1
  • Baños
    1
  • Superficie
    60 mts

apartamentua - Lleida (RAMBLA FERRAN)

146.000 €
  • Referencia
    01219
  • Habitaciones
    4
  • Baños
    2
  • Superficie
    120 mts

pisu - Lleida (CASC ANTIC)

180.000 €
  • Referencia
    01514
  • Habitaciones
    2
  • Baños
    1
  • Superficie
    80 mts

apartamentua - Lleida (RAMBLA FERRAN)

196.000 €
  • Referencia
    01417
  • Habitaciones
    3
  • Baños
    2
  • Superficie
    110 mts

pisu - Lleida (PRAT DE LA RIBA)

198.000 €
  • Referencia
    01843
  • Habitaciones
    3
  • Baños
    2
  • Superficie
    105 mts

pisu - Lleida (PARDINYES)

201.000 €
  • Referencia
    01857
  • Habitaciones
    3
  • Baños
    2
  • Superficie
    105 mts

pisu - Lleida (PARDINYES)

201.000 €
  • Referencia
    01845
  • Habitaciones
    3
  • Baños
    2
  • Superficie
    105 mts

pisu - Lleida (PARDINYES)

204.000 €
  • Referencia
    01849
  • Habitaciones
    3
  • Baños
    2
  • Superficie
    105 mts

pisu - Lleida (PARDINYES)

249.000 €
  • Referencia
    01847
  • Habitaciones
    3
  • Baños
    2
  • Superficie
    173 mts

pisu - Lleida (PARDINYES)

269.000 €
  • Referencia
    01855
  • Habitaciones
    4
  • Baños
    2
  • Superficie
    181 mts

duplex-a atico-a - Lleida (PARDINYES)

350.000 €
  • Referencia
    01330
  • Habitaciones
    4
  • Baños
    3
  • Superficie
    460 mts

itsatsita - Alpicat (Sant isidre)

500 €/hilabetea
  • Referencia
    01504
  • Habitaciones
    4
  • Baños
    2
  • Superficie
    110 mts

pisu - Lleida (CAPPONT)

2000 €/hilabetea
  • Referencia
    01540
  • Baños
    1
  • Superficie
    301 mts

Merkataritza-lokala - Lleida (RAMBLA FERRAN)

  • Alertak
  • Zure eraikina argitara ezazu
  • Jabetzak

    PAG 1/6 - TOTAL 61 Jabetzak
    Ikusitako jabetzak
    Baztertutako Jabetzak
    Etxerik Gogokoenak
    Salmenta 13.000 €  
    • Erreferentzia
      01296
    • Azalera
      13 mts

    Aparkalekua - Torredembarra (Estacion) , Eraikitako azalera 13m2, 150 Itsasora distantzia.


    + INFO
    15.000 € - 13%
    Salmenta 60.000 €  
    • Erreferentzia
      01882
    • bainugelak
      1
    • Azalera
      110 mts

    Merkataritza-lokala - Lleida (RAMBLA FERRAN) , Eraikitako azalera 110m2, 1 bainugelak.

    Salmenta 62.000 €  
    • Erreferentzia
      01905
    • Gelak
      4
    • Azalera
      81 mts

    pisu - Lleida (BALAFIA) , Eraikitako azalera 81m2, 4 Gelak, Igogailua.

    Salmenta 65.000 €  
    • Erreferentzia
      01833
    • Azalera
      94 mts

    Bulegoa - Lleida (RECTORAT) , Eraikitako azalera 94m2.


    + INFO
    75.000 € - 13%
    Salmenta 65.000 €  
    • Erreferentzia
      01748
    • bainugelak
      1
    • Azalera
      109 mts

    Merkataritza-lokala - Lleida (ESCORXADOR) , Eraikitako azalera 109m2.

    Salmenta 68.000 €  
    • Erreferentzia
      01356
    • Azalera
      80 mts

    Merkataritza-lokala - Lleida (CAPPONT) , Eraikitako azalera 80m2.


    + INFO
    180.000 € - 62%
    Salmenta 70.000 €  
    • Erreferentzia
      01333
    • Azalera
      150 mts

    Merkataritza-lokala - Lleida (ESCORXADOR) , Eraikitako azalera 150m2.


    + INFO
    95.000 € - 26%
    72.000 € - 450 €/hilabetea  
    • Erreferentzia
      01024
    • bainugelak
      1
    • Azalera
      52 mts

    Merkataritza-lokala - Lleida (CAPPONT) , Eraikitako azalera 52m2.

    Salmenta 73.000 €  
    • Erreferentzia
      01866
    • bainugelak
      1
    • Azalera
      84 mts

    Bulegoa - Lleida (ESCORXADOR) , Eraikitako azalera 84m2.

    Salmenta 83.000 €  
    • Erreferentzia
      01900
    • Gelak
      1
    • bainugelak
      1
    • Azalera
      60 mts

    apartamentua - Lleida (RAMBLA FERRAN) , Eraikitako azalera 60m2, 1 Habitacion , 1 bainugelak, Igogailua.

    Salmenta 85.000 €  
    • Erreferentzia
      01431
    • Gelak
      2
    • bainugelak
      1
    • Azalera
      56 mts

    apartamentua - Lleida (PRAT DE LA RIBA) , Eraikitako azalera 56m2, 2 Gelak, 1 bainugelak, Igogailua.


    + INFO
    100.000 € - 15%
    Salmenta 95.000 €  
    • Erreferentzia
      01837
    • Gelak
      4
    • bainugelak
      1
    • Azalera
      95 mts

    pisu - Lleida (PASSEIG DE RONDA) , Eraikitako azalera 95m2, 4 Gelak, 1 bainugelak, Igogailua.


    + INFO
    108.000 € - 12%
    Ikusi jabetza mapa
    Baloratu zure jabetza
    Zure jabetzako uneko merkatuaren prezioa jakin nahi al duzu?
    Harpidetu gure posta zerrendara eta lehenengoak propietate berriak jasoko dituzu

    2021-03-03
    La TAE se afianza por debajo del 2% por noveno mes consecutivo P. SEMPERE pulsa en la foto Belén Trincado / Cinco Días Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en LinkedinEnviar por correoIr a comentarios Madrid  3 MAR 2021 - 06:21 CET El sobrecoste de los préstamos para adquirir una vivienda en España siguió cayendo en picado en diciembre y marcó un nuevo récord a la baja. El interés del crédito que concede la banca para una hipoteca se hundió el pasado mes de diciembre al 1,67% TAE, la tasa más baja de la serie histórica que actualizó esta semana el Banco de España, y que parte del año 2003. Con estos datos, la tasa anual equivalente, que incluye las comisiones bancarias y el resto de gastos derivados del crédito, anota cinco meses seguidos de caídas y se afianza por noveno mes consecutivo por debajo del entorno del 2%, después de caer con fuerza en abril hasta el 1,89% debido a los primeros efectos de la crisis del coronavirus.   MÁS INFORMACIÓN Cómo tributa la venta de una vivienda en la declaración de la Renta La firma de hipotecas bajó un 7,6% en 2020 y marca mínimos desde 2017 El euríbor repunta en febrero y rompe la racha de mínimos históricos Esta tendencia decreciente coincide a su vez con las políticas de estímulo lanzadas por el Banco Central Europeo (BCE) para contrarrestar los efectos del Covid, que dejaron el euríbor durante el último mes del año en el -0,497%, también un nuevo récord histórico para este indicador pese a que en los últimos periodos se ha venido situando ya muy cerca del entorno del -5%. La caída acerca el nivel al tipo de interés medio en la Unión Europea, que también siguió a la baja, aunque con descensos mucho menos acusados que en el caso español. En diciembre, la tasa anual equivalente se situó en el 1,62%, una décima menos que en el mes anterior. Los hundimientos, además de estar vinculados a las políticas del BCE, guardan también relación con la competencia existente entre entidades para ganar cuota dentro de un contexto de márgenes comprimidos, menores tasas de actividad y cierto recelo a la hora de meterse en una hipoteca. También a cierre de 2020, y pese a la leve recuperación de los últimos meses, la firma de hipotecas para vivienda retrocedió un 7,6% en comparación con el ejercicio anterior, hasta sumar 333.721, la cifra más baja desde 2017, cuando se inscribieron 312.843 préstamos hipotecarios, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a ello, el importe medio de estas hipotecas fue de 134.904 euros, un 7,4% más que la cuantía acumulada del año anterior y el más elevado de los últimos 12 años. El capital prestado para hipotecas sobre vivienda se redujo un 0,8% en 2020, después de una secuencia de seis años consecutivos creciendo. De acuerdo con los datos del INE, el tipo de interés medio de las hipotecas para comprar vivienda se situó al cierre de 2020 en el 2,47%, alcanzando el 2,21% en las hipotecas a tipo variable y el 2,79% en las de tipo fijo. Se trata de los porcentajes más bajos desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2003. Además, el porcentaje de hipotecas sobre viviendas a tipo de interés fijo escaló el año pasado hasta el 48%, también el más alto en 17 años.
    Irakurri Gehiago...
    2021-02-04
    El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la normativa de vivienda que el Govern aprobó en 2019 al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas "coactivas, no voluntarias" para los dueños de pisos que no pueden imponerse mediante un decreto ley.   En su sentencia, notificada este jueves, el TC expone los motivos por los que la semana pasada decidió anular por inconstitucional varios preceptos del decreto ley —entre ellos, el que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda—, a raíz del recurso que presentaron 80 diputados del PP en el Congreso. El precio de la vivienda crece un 0,7% en enero, pero cae un 1,4% en las capitales E.P. El tribunal considera que los preceptos anulados "regulan medidas coactivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad" que "constriñen estrechamente" a los dueños de viviendas mediante órdenes o deberes normativos "que se ponen bajo la inspección y vigilancia de la administración". La sentencia declara inconstitucional ese tipo de regulación puesto que, a su parecer, supone una "imposición directa de deberes concretos a los propietarios con vocación de generalidad, estableciendo un régimen general de este derecho, algo vedado a los decretos-leyes".   Para los magistrados, no puede considerarse que esas normas sean meramente "instrumentales para la política de vivienda" de Cataluña porque dan lugar a "reacciones exorbitantes", como requerimientos para su cumplimiento, ejecuciones mediante multas coercitivas, sanciones y expropiación de la propiedad en cuestión. La sentencia sostiene que los artículos impugnados van "más allá de delimitar un concreto sistema urbanístico o política de vivienda", lo que sí estaría permitido de acuerdo con la doctrina, y de establecer medidas de fomento de la vivienda asequible, al entrar a regular el derecho de propiedad privada y la función social de la misma.   Por el contrario, la sentencia sí avala los preceptos del decreto ley que obligan a incluir en los contratos de arrendamiento el índice de referencia de precios de alquiler que en su momento establezca la Generalitat. Según la sentencia, la regulación de esos índices, tanto el estatal como el autonómico, "se dirige a posibilitar la obtención de información por las administraciones públicas que les permita conocer el estado y evolución del mercado del alquiler y, a partir de esa información, diseñar políticas de vivienda". Cataluña obliga a bajar el alquiler un 50% a la hostelería si su actividad está suspendida Á. Moreno "No puede negarse la posible influencia de estos índices como criterios orientadores que puedan contribuir a ordenar el mercado de la vivienda", añade el Constitucional, que, sin embargo, reconoce que ello no afecta a la libertad de las partes para estipular un precio superior o inferior. Tampoco anula el constitucional los artículos del decreto ley que obligan a reservar a vivienda social parte del suelo de las promociones inmobiliarias, dado que el propietario o empresario no tiene derecho a vetar su uso, sin perjuicio de la "eventual indemnización" que pueda corresponderle a consecuencia de esa imposición. Asimismo, la sentencia da por bueno el registro de pisos vacíos previsto en el decreto ley de vivienda, dado que su creación está amparada tanto por artículos de la Constitución como del Estatut de Autonomía.   La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ha celebrado este jueves la resolución del TC, ya que "ya que establece de manera rotunda el carácter fundamental del Derecho a la Propiedad Privada que consagra el artículo 33 de la Constitución Española, de manera que no puede regularse mediante el instrumento jurídico del Decreto-ley". Además, considera que dicha consideración "tendrá además una consecuencia fundamental en su aplicación al resto de Reales Decretos-ley aprobados sobre vivienda durante la pandemia por parte del Gobierno central, aunque hayan sido posteriormente convalidados por el Congreso".   Entre otras cuestiones, la sociedad considera que la sentencia avanza en la línea de protección de los derechos de los propietarios, suponiendo además un varapalo "al actual amparo de la ocupación iledal en Cataluña". "Esta sentencia debiera bastar para eliminar cualquier intento intervencionista de atacar a la propiedad privada en la futura Ley de Vivienda estatal, incluyendo ciertas derivas expropiatorias que en nada tienen que ver con un Estado de derecho moderno incardinado en la Unión Europea", zanjan.
    Irakurri Gehiago...
    2021-01-20
    La Llei catalana de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, aprovada el 9 de setembre passat, publicada en el DOGC el 21 de setembre i que ha entrat en vigor el 22, ha vingut acompanyada de polèmica. Aquesta preveu una regulació per la qual, salvant ara detalls (que són nombrosos i, com és sabut, en els quals està el diable), en els contractes de lloguer d’habitatges situats en àrees declarades formalment de mercat tens (sigui ara i per un any per la mateixa llei, que incorpora una llista de desenes de municipis, DT 2a i, en el futur, per diverses administracions, habilitades legalment per fer-ne la declaració, d’acord amb certs requisits legals), la renda pactada en el contracte no podrà excedir, excepte en alguns supòsits, algun d’aquests preus fixats administrativament: el que es fixa en l’índex català de referència de preus de lloguer de l’habitatge o el preu pactat en el darrer contracte actualitzat amb l’ índex estatal de garantia de competitivitat (vegeu art. 7 Llei 2/2015), en aquest segon cas si l’habitatge ja hagués estat arrendat en els últims cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei i si aquest darrer preu és més baix que el de l’índex català. L’aprovació d’aquesta Llei, primera a l’Estat espanyol, però de la qual ja hi ha antecedents en altres països, amb consegüents decisions judicials que en declaren la constitucionalitat, com a França el Consell d’Estat o a Alemanya el Tribunal Constitucional, per exemple, ha suscitat, en concret, un debat entorn de la seva possible inconstitucionalitat. En aquesta breu nota s’analitzarà la constitucionalitat de la Llei des d’una perspectiva competencial (1) i en relació amb el seu contingut (2), i s’acabarà amb algunes reflexions sobre l’aplicació a la pràctica de la Llei i la seva necessària avaluació ex post (3). 1. S’ha sostingut la possible violació constitucional per vulneració de les competències de l’Estat. D’acord amb un dictamen del passat mes d’agost del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat, la Llei vulneraria un component de la regulació bàsica de l’Estat en matèria d’obligacions contractuals (art. 149.1.8 de la Constitució, CE): la llibertat de pactes (que no ha estat definida formalment com a bàsica per l’Estat, com era degut, per cert). Ens concentrarem en aquest aspecte, analitzant si realment s’ha produït tal violació de la llibertat de pactes o si és possible una interpretació alternativa que salvi la constitucionalitat de la Llei. Com és sabut, el Tribunal Constitucional ha repetit que “la validesa de la llei […] ha de preservar-se quan el seu text no impedeix una interpretació conforme a la Constitució, de manera que caldrà explorar les possibilitats interpretatives del precepte impugnat, ja que si n’hi hagués alguna que permetés salvar la primacia de la Constitució, resultaria procedent un pronunciament interpretatiu d’acord amb les exigències del principi de conservació de la llei (les STC 108/1986, de 29 de juliol, FJ 13; 76/1996, de 30 d’abril, FJ 5 o 29/2018, de 8 de març, FJ 3”). Tot això al marge ara de l’encert i oportunitat, o no, de la Llei, perspectiva extrajurídica, que evidentment dona també per debatre, però que escapa d’aquesta anàlisi. Per cert, davant la possible impugnació de la Llei davant el Tribunal Constitucional i una futura sentència d’aquest, hauria de seguir els passos de la Sentència del Tribunal Constitucional 89/1994, en la qual es va afirmar que corresponia al legislador definir la funció social de la propietat urbana “amb major o menor fortuna, segons les diferents teories econòmiques”, encert que no correspon enjudiciar al Tribunal Constitucional, donat “que també és un òrgan jurisdiccional i ha d’operar, per tant, no conformement als criteris d’oportunitat característics de les decisions polítiques, sinó d’acord amb cànons normatius”. El cas contrari suposaria endinsar-se en una nova era Lochneriana, expressió usada en referència a la infame sentència Lochner del Tribunal Suprem dels EUA el 1905, que va anul·lar una llei que limitava les hores de treball a les fleques (no més “de 10 al dia ni 60 a la setmana”) al·legant-se que infringia “la llibertat de pactes”, disfressant així amb la paraula llibertat el que es reconeix avui que no va ser més que ideologia judicial pura i dura. Tornem, doncs, al tema tècnic jurídic circumscrit que ens ocupa ara: la possible vulneració de la llibertat de pactes per la llei catalana que conté els preus de lloguer. Tant el Codi civil (art. 1255) com la Llei d’arrendaments urbans vigent (LAU, art. 17 i ss.) parteixen del principi de llibertat de pactes, que sotmeten, avui com ahir, a determinats límits. En el primer article, al que diguin les lleis i al fet que el pacte no sigui contrari a la moral ni a l’ordre públic, entès aquest com la garantia d’elements bàsics constitucionals. En la LAU, aquesta llibertat de pactes es veu limitada en la mateixa llei respecte a diversos aspectes referits a la durada dels contractes i a l’increment de rendes, com és sabut. Si el reconeixement de la llibertat de pactes és deduïda com un principi general del sistema, hereu de la tradició liberal vuitcentista del laisser faire, laisser passer, també hauria de ser-ho el que aquesta sigui susceptible de limitacions legals, en el marc d’un estat social i democràtic de dret, com l’espanyol, que reconeix l’existència de desigualtats entre persones i col·lectius a corregir pels poders públics (art. 9.2 CE), que reconeix la funció social de la propietat que permet la seva delimitació legal (art. 33 CE) així com la necessitat de respectar, protegir i fer eficaç el dret a l’habitatge, lligat a la dignitat de les persones, així com als seus drets a la intimitat o a la integritat física, com recorda la nostra jurisprudència, en el marc del servei d’interès general de l’habitatge (art. 4 de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya).   Els límits de la Llei catalana de contenció dels preus del lloguer no eliminarien la llibertat de pactes atès que, per exemple, es pot continuar triant contractar o no i també decidir amb qui es contracta. També es continua podent pactar la renda, per l’import que es vulgui per sota del preu de referència i fins i tot per damunt, fins a un 5% més Els límits de la Llei no eliminarien la llibertat de pactes atès que, per exemple, es pot continuar triant contractar o no i també decidir amb qui es contracta (això sí, sense discriminació, prohibida per la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya de 2007, arts. 45 i ss.). En relació amb la renda, en particular, es continua podent pactar la renda, per l’import que es vulgui per sota del preu de referència i fins i tot per damunt, fins a un 5% més. Per tant, podria sostenir-se que la llei catalana no violaria cap suposada condició bàsica estatal de llibertat de pactes absoluta, sinó que desenvoluparia, en exercici legítim de la seva competència respecte de les obligacions contractuals (art. 129 de l’Estatut d’autonomia vigent), aquest altre element bàsic imprescindiblement unit: la limitació de la llibertat de pactes, en garantia d’altres drets i principis constitucionals i de l’interès general. D’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 132/2019 que va declarar la constitucionalitat de la regulació d’altres contractes pel Dret Civil Català, es mantindria la “lògica interna” contractual, amb la diversitat possible en un estat descentralitzat, sense variar “el concepte mateix” de la llibertat i els seus límits. Per cert, davant una llei alemanya de similars característiques, el Tribunal Constitucional alemany va negar explícitament l’existència d’una violació de la llibertat de pactes en la seva sentència de 18 de juliol de 2019. 2. Passem ara al contingut de la llei catalana. Des d’aquest punt de vista, es podria reflexionar, per exemple, sobre el respecte o la violació de la Llei de diversos drets i principis constitucionals, com ara el principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 CE), inclòs el legislador, el dret de propietat (art. 33 CE) o el principi de proporcionalitat (que el TC ha extret de l’art. 1 CE, considerant-lo inherent a l’estat de dret i deduïble del valor justícia, així l’STC 65/1986), per exemple.   Intentades i en marxa altres polítiques públiques per generar habitatge assequible en els darrers anys, la dramàtica situació existent, agreujada per la pandèmia de la COVID-19, faria racional i justificat (es comparteixi o no la bondat de la regulació) intentar una mesura com l’exposada Pel que fa a la possible vulneració del principi constitucional d’interdicció de l’arbitrarietat, el Tribunal Constitucional en algunes ocasions ha declarat inconstitucionals lleis per aquest motiu, a manca d’una fonamentació i justificació racional, però ha estat un control força excepcional (vegeu l’STC 122/2016, en relació amb l’exercici arbitrari de la potestat legislativa pel legislador balear). En el cas que ens ocupa, la racionalitat de la justificació legal continguda al preàmbul i als antecedents parlamentaris de la Lleisembla existir: intentades i en marxa altres polítiques públiques per generar habitatge assequible en els darrers anys, la dramàtica situació existent, agreujada per la pandèmia de la COVID-19, faria racional i justificat (es comparteixi o no la bondat de la regulació) intentar una mesura com l’exposada. Pel que fa al dret de propietat, es podria sostenir que la Llei suposa una expropiació que afecta el dret de propietat dels arrendadors dels habitatges situats en aquestes zones declarades de mercat tens. Estaríem davant d’una regulació expropiatòria, que no hauria previst la corresponent indemnització, art. 33.3 CE (regulatory taking, en terminologia nord-americana). Ara bé, cal tenir en compte el reconeixement constitucional de la funció social de la propietat, que possibilita una delimitació del dret de propietat, prevista en l’art. 33.2 CE i acceptada pel nostre Tribunal Constitucional (TC), tant en l’àmbit rural, amb la ben coneguda STC 37/1987, autèntic leading case en la matèria, com en l’urbà, amb la menys esmentada però molt rellevant també STC 89/1994, abans citada, que se situa en idèntica línia. Aquesta darrera sentència va assenyalar en relació amb la LAU llavors vigent que: “Aquesta delimitació del dret de propietat troba una justificació en la proclamació de l’art. 47 del Text fonamental, que recull el dret a gaudir d’un habitatge i ordena als poders públics que promoguin les condicions per a això necessàries. A més, no pot oblidar-se la rellevància que la continuïtat de l’arrendament revesteix per a la protecció de l’estabilitat del domicili familiar, i de la mateixa família, en la línia del que es disposa en l’art. 39.1 de la Constitució. Respon així a la funció social de la propietat immobiliària, sense vulneració constitucional, que el legislador estableixi una limitació d’aquesta propietat que, sense suposar el seu buidatge o desfiguració, pugui contribuir (amb major o menor fortuna, segons les diferents teories econòmiques) a satisfer un dret constitucionalment afirmat.” En la mateixa línia, aquestes delimitacions han estat acceptades també pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en repetides ocasions, el qual ha assenyalat que l’eliminació del que es considera per part dels legisladors injustícies socials és un exemple de les funcions dels poders legislatius democràtics, i ha concretat com en les societats modernes es considera l’habitatge com una necessitat primordial, la regulació de la qual no pot ser deixada totalment en mans del mercat. Així, es poden consultar les sentències del TEDH Spadea i Scalabrino vs. Itàlia, sentència de 28 de setembre de 1995, i Mallacher i altres vs. Àustria, sentència de 19 de desembre de 1989, per exemple. D’altra banda, es podria qüestionar la proporcionalitat de la Llei, des de la coneguda perspectiva dels tres filtres utilitzada per la jurisprudència espanyola i europea (adequació, necessitat, proporcionalitat stricto sensu). En primer lloc, sembla difícil negar que la Llei persegueixi l’interès general i que el pot aconseguir, deixant de banda ara els costos que pugui generar i com es reparteixin. Pel que fa al filtre de necessitat, el legislador imposa aquesta regulació havent-hi ja assajat prèviament i des de fa anys mesures menys restrictives, que s’han mostrat ineficaces davant l’enorme problema existent. I ho fa amb la voluntat d’obtenir majors beneficis socials (més habitatge assequible no segregat en la ciutat, que permetent la protecció de l’emergent dret a la ciutat) que costos (reducció en el seu cas del lucre dels arrendadors, dels que es podria sostenir que continuen obtenint un fruit econòmic de la seva propietat; vegeu més avall el que es diu en la sentència del TEDH Nobel).   El Tribunal Constitucional alemany, en una sentència de 2019 davant una llei de similars característiques, ha assenyalat que: “Els límits de renda són necessaris; no hi ha altres mitjans que, amb certesa, siguin igualment eficaços a curt termini. El legislador va trobar un just equilibri entre els interessos legítims dels propietaris i el bé comú” Així ho va entendre el TC alemany en la sentència repetidament citada de 2019, en la qual va esmentar la finalitat de lluitar contra la segregació residencial, i evitar una excessiva gentrificació i la generació de guetosurbans, perjudicials per a la ciutat com a sistema, com una de las finalitats d’interès general perseguides pel legislador alemany, en afirmar que “És d’interès públic evitar el desplaçament dels sectors econòmicament més febles de la població de les zones on la demanda d’allotjament residencial és alta”. La sentència va assenyalar, respecte de la regulació alemanya, que  “Els límits de renda són necessaris; no hi ha altres mitjans que, amb certesa, siguin igualment eficaços a curt termini. El legislador va trobar un just equilibri entre els interessos legítims dels propietaris i el bé comú”. Per la seva banda, el TEDH considera, com hem vist, que el legislador té un ampli marge d’apreciació en la delimitació del dret de propietat reconegut a l’article 1 del Protocol 1 del Conveni Europeu de Drets Humans, només limitat, precisament, pel principi de proporcionalitat i concretament per la idea de balanç just (fair balance), que cal ser analitzat cas per cas, per detectar si existeix una eliminació de l’aprofitament econòmic del propietari. Un cas en què es va aplicar aquesta doctrina de forma clara és la sentència del TEDH Nobel i altres vs.Holanda, de 2013, en la qual davant la demanda de diversos propietaris contra una regulació holandesa que limitava el preu dels lloguers. El TEDH va desestimar les reclamacions a causa de les concretes circumstàncies. Així, va assenyalar que: “36. Qualsevol interferència amb la propietat deu també satisfer el requisit de la proporcionalitat. Com ha afirmat repetidament el Tribunal, ha d’existir un equilibri just entre les exigències de l’interès general de la comunitat i les exigències de la protecció dels drets fonamentals de l’individu, i és la cerca d’aquest equilibri just inherent al conjunt de la Convenció. L’equilibri necessari no s’aconseguirà quan la persona en qüestió porti una càrrega individual i excessiva (vegeu Sporrong i Lönnroth c. Suècia, 23 de setembre de 1982, § 69-74 Sèrie A núm. 52, i Brumărescu c. Romania [GC], núm. 28342/95, § 78, CEDH 1999-VII). 37. La preocupació per aconseguir aquest equilibri es reflecteix en l’estructura de l’article 1 del Protocol núm. 1 en el seu conjunt. Per consegüent, en cada cas de presumpta violació d’aquest article, el Tribunal ha de determinar si, pel que fa a la ingerència de l’Estat, la persona interessada va haver de suportar una càrrega desproporcionada i excessiva (vegeu els assumptes James i uns altres, abans citats; Mellacher i altres c. Àustria, 19 de desembre de 1989, § 48, sèrie A, núm. 169; i Spadea i Scalabrino c. Itàlia, sentència de 28 de setembre de 1995, § 33, sèrie A, núm. 315-B). 38. En els casos en qüestió, el Tribunal observa que no s’ha demostrat que els sol·licitants primer i tercer —que només es basen en dades generals per fonamentar les seves reclamacions— no obtinguin un benefici decent dels seus ingressos per concepte de lloguer. El que sí és clar és que aquests sol·licitants reben nivells de lloguer molt superiors al nivell de l’impost sobre la propietat que es cobra pels pisos, contràriament a la situació en el cas Lindheim i altres c. Noruega (Ens. 13221/08 i 2139/10, § 129, 12 de juny de 2012). A més, no hi ha cap indicació que els ingressos per concepte de lloguer no cobreixin les despeses de manteniment i els impostos necessaris, com en el cas de Hutten-Czapska (citat anteriorment). Tampoc hi ha altres indicis que el primer i el tercer sol·licitant hagin hagut de suportar una càrrega desproporcionada i excessiva. 39. Quant al segon demandant, s’observa que, fins i tot suposant que el lloguer pagat per X no cobreixi totes les despeses relacionades amb l’habitatge, no pot dir-se que la decisió del Tribunal Regional hagi estat desproporcionada. El sol·licitant va comprar l’edifici de bona gana, conscient de la quantia del lloguer que paga. A més, cal suposar que una persona que compra un edifici per llogar-lo és conscient de les restriccions imposades pel dret intern quant a la quantia màxima del lloguer exigible per una determinada norma i els màxims augments anuals de lloguer permesos. El Tribunal està d’acord amb les autoritats nacionals que era responsabilitat del segon sol·licitant incorporar aquest coneixement en les negociacions de preus quan va comprar l’edifici. 40. En aquestes circumstàncies, el Tribunal considera que, tenint en compte l’ampli marge d’apreciació concedit als estats contractants per regular els problemes de l’habitatge, el control de l’ús de la propietat en els presents casos pot considerar-se justificat en el sentit del segon paràgraf de l’article 1 del Protocol núm. 1 del Conveni”. 3. Ara bé, fora ja de l’àmbit jurídic, cosa diferent a la constitucionalitat de la Llei és la qüestió de si aquesta és o no una llei encertada, en el sentit que ajudarà a solucionar el problema de la falta d’habitatge assequible amb una afectació el més raonable possible de les rendes dels llogaters.   Malgrat el soroll interessat, en un o altre sentit, que pugui generar-se, cal reconèixer que manquen encara dades concloents sobre els impactes de les modernes regulacions internacionals de contenció de rendes Com ja hem dit, no és aquest aspecte, de política legislativa o, directament, de política i d’ideologia, com hem dit repetidament, el que ens interessa en aquest article. Sí que es pot assenyalar, almenys, que malgrat el soroll interessat, en un o altre sentit, que pugui generar-se, cal reconèixer que manquen encara dades concloents sobre els impactes de les modernes regulacions internacionals de contenció de rendes. És veritat que algunes opcions legals podrien ser discutibles des de l’òptica de l’equilibri necessari entre necessitats diferents d’interès general i l’afectació de drets d’arrendataris i propietaris arrendadors molt diversos (en el primer cas, per exemple, arrendataris amb rendes altes; en aquest darrer cas, per exemple, persones físiques, que han comprat un únic pis amb hipoteca amb finalitats diverses: complement de pensió de jubilació, futur salt de lloguer actual a aquesta propietat, etc.). Encara que la Llei té en compte, en part, la renda dels arrendadors i arrendataris, pot ser qüestionable si el llindar establert ha estat l’adient o si n’exclou a la realitat molts supòsits, d’una banda, i la raó per aplicar diferents llindars a les dues parts. Recordem el que diu l’art. 6, apartats 3 i 4: si n’és arrendadora una persona física la unitat de convivència de la qual té uns ingressos iguals o inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, comptant-hi també les rendes dels arrendaments, no és aplicable a aquest nou contracte el límit del preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà, i li és aplicable únicament com a límit la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament, amb el benentès que, si la renda consignada en el darrer contracte d’arrendament és inferior al preu de referència corresponent, la nova renda es podrà incrementar fins a l’esmentat preu de referència. Per fer-nos una idea concreta del que estem parlant, per a l’exercici 2020, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. Això no és aplicable si els ingressos de l’arrendatari són iguals o inferiors a 3,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat. Però, pel que fa als arrendataris per la banda de dalt, la Llei s’aplica també als d’alt nivell econòmic (pot ser superior al de l’arrendador en determinats casos?) sense que hi hagi cap matisació, i s’estableixen els límits aquí a la llibertat contractual d’igual manera. No s’ha aplicat aquí la idea subjacent en la figura del gran tenidor, amb regulació singular per les seves característiques econòmiques, inclosa en lleis catalanes prèvies (i ara regulada en el Decret llei català 17/2019, com aquelles persones físiques, jurídiques o fons de capital de risc i de titulació d’actius que siguin titulars de més de 15 habitatges). però en relació ara amb arrendataris amb rendes altes (que és la idea que es troba darrere de l’art. 4.2 segon paràgraf de la LAU vigent, en referència a la major llibertat de pactes respecte d’habitatges en què la “superficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda”). D’altra banda, l’aplicació, en el cas d’arrendaments anteriors als últims cinc anys a l’entrada en vigor de la Llei, del preu del darrer contracte amb aplicació de l’índex de garantia de competitivitat estatal, el qual ha estat des del seu origen, i continua essent, negatiu, pot implicar que el càlcul que es faci a partir de l’entrada en vigor de la Llei doni un preu de lloguer que no s’haurà apujat en anys (ni tan sols l’IPC). Cal tenir en compte que aquest índex estatal va ser creat per la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, en plena Gran Recessió, amb un objectiu molt concret, que no té res a veure amb l’equilibri econòmic contractual. La llei que el creà, volia, com diu el preàmbul, que “en el supuesto de que las partes hubiesen acordado explícitamente la aplicación de algún mecanismo de revisión periódica pero no detallasen el índice o metodología de referencia, será aplicable un índice de referencia, el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) elaborado según lo previsto en el Anexo de esta Ley. Este IGC, de cuyo cálculo y publicación mensual será responsable el Instituto Nacional de Estadística (INE), establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro. Esa tasa será igual a la del Índice Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la UEM menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999. Cuando la tasa de variación de este índice se sitúe por debajo de 0 por ciento, se tomará este valor como referencia, lo que equivaldría a la aplicación de la regla de no revisión. (…) De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo”.   La Llei no ha previst cap disposició transitòria per a l’adaptació al nou marc legal, cosa que hauria estat adient per permetre als actors econòmics ajustar el seu comportament progressivament Finalment, la Llei no ha previst cap disposició transitòria per a l’adaptació al nou marc legal, cosa que hauria estat adient per permetre als actors econòmics, diversos com diem, ajustar el seu comportament progressivament (cal recordar l’esment fet de la sentència TEDH Nobel respecte a la possibilitat dels adquirents d’habitatges per llogar de poder tenir en compte la regulació limitativa al fer-ho). Cal recordar també que l’art. 129.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), aplicable a projectes de llei estatals, assenyala com un dels principis de bon regulació que: “A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.” Això ha portat a una modificació de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern (estatal), per la Llei 40/2015, en el seu art. 23, el qual assenyala ara que: “Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.” Tot i que com és sabut, l’LPAC no és aplicable als projectes de llei autonòmics (d’acord amb l’STC 55/2018), i a més la llei catalana és fruit d’una proposició de llei, i, per suposat, la llei del govern estatal no és aplicable a Catalunya, el què és rellevant aquí és retenir la vinculació de la bona regulació amb el principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE). En canvi, sí que sembla encertat que la mateixa llei prevegi la seva avaluació ex post de manera anual, mitjançant la creació per part del Govern d’una comissió de seguiment i avaluació, amb representants del sector públic i privat, i en la qual “també hi poden participar persones expertes en la matèria”. El Govern haurà d’informar el Parlament amb la mateixa periodicitat sobre com està funcionant la regulació per, si escau, corregir-la. Avaluació ex post d’una política pública formalitzada en una norma jurídica que és infreqüent desgraciadament encara a Catalunya, tot i que tenim ja exemples interessants, com la que venia fent la Sindicatura de Greuges de la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern per exigència d’aquesta. Tipus d’avaluació importantíssima, la realització de la qual hauria de permetre futurs debats públics millor informats. Ara bé, cal notar com aquesta avaluació és realitzada per una comissió designada des del mateix Govern i no es genera en el mateix Parlament, com es fa en altres països (així, entre els de parla hispana, Xile), o es desenvolupa per un ens públic que pugui gaudir del coneixement tècnic i de la neutralitat necessàries per realitzar avaluacions de qualitat. Davant la complicació progressiva de la regulació i la gestió pública en assumptes com aquests i d’altres, entenem que seria necessari avançar de manera urgent en el debat públic i en la presa de decisions necessàries per comptar amb aquesta avaluació ex post de polítiques públiques formalitzades en normes jurídiques tècnicament informada, imparcial, objectiva i neutral, com a component del sistema de bon govern i bona administració. Juli Ponce Solé Catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Barcelona
    Irakurri Gehiago...
    2021-01-04
    Nuveen Real Estate ha realizado un informe donde refleja las previsiones en el sector inmobiliario para 2021. En este sentido, la compañía cree que surgirán ganadores y perdedores diferenciados. "Algunos activos mostrarán una demanda resiliente, mientras que otros se volverán obsoletos", aclaran. Además, vaticinan una oleada de liquidez por las condicione monterias a escala mundial y por las inyecciones de capital de los gobiernos europeos.   Para desgranar qué depara el próximo ejercicio al 'ladrillo', Nuveen ha analizado cinco tendencias que consideran clave para dar forma al contexto inmobiliario en los próximos años: 1. Oleada de liquidez Los Gobiernos han restringido las actividades, pero también han inyectado capital en las economías. Las condiciones monetarias a escala mundial deberían impulsar los mercados de capital y las valoraciones de los activos, apuntalando consigo la inversión inmobiliaria. 2. Replanteamiento de los centros urbanos y la vida en zonas periféricas A causa de la pandemia, las personas están revisando su situación vital. Las ciudades están cambiando y los ciudadanos se está replanteando los centros urbanos y la vida en zonas periféricas durante y después de la pandemia. 3. Aceleración de las tendencias futuras Algunos de los cambios fundamentales que ya estaban en marcha en el mercado inmobiliario, impulsados por la tecnología y las tendencias demográficas, se están acelerando como resultado del virus. 4. Identificación de ganadores y perdedores Surgirán ganadores y perdedores diferenciados: algunos activos mostrarán una demanda resiliente, mientras que otros se volverán obsoletos. El logístico es el claro vencedor tras la crisis del coronavirus, mientras que el 'retail' y el sector hotelero son los más damnificados.  5. Cambio climático Esperamos un énfasis renovado en este riesgo clave en 2021, ya que el año comienza con el nuevo Gobierno estadounidense en enero y culmina con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en noviembre. Estas cinco claves provocarán cambios significativos en la composición de las carteras inmobiliarias, según Nuveen: La exposición de la cartera a los segmentos de oficinas tradicionales y 'retail' se reducirá de forma considerable, dejando espacio para sectores alternativos. El segmento de asistencia sanitaria crecerá a medida que aumente la demanda de instalaciones con fines científicos, consultorios médicos y residencias para la tercera edad. El énfasis en los apartamentos en el sector residencial se desplazará a alternativas como el almacenamiento, las viviendas prefabricadas y las viviendas unifamiliares de alquiler. El crecimiento de activos viables, como los centros de datos y las torres de telefonía móvil, fomentarán la expansión y la consolidación del sector de la tecnología. A medida que las oportunidades de inversión evolucionen en la próxima década, prevemos que las asignaciones objetivo a inversiones alternativas aumentarán desde cerca del 12% hasta más del 50% en una cartera inmobiliaria típica.
    Irakurri Gehiago...
    Joan albisteetara →
    Diseñado por CRM Inmovilla
    Bidali zure izena eta telefono zenbakia formulario honetan eta zurekin harremanetan jarriko gara ahalik eta azkarren.
    "SEND" botoia sakatuz, LINK honetan ezarritako Pribatutasun-gidalerroen baldintzak irakurri, ulertu eta onartu dituzula baieztatzen duzu

    Responsable: XXXXX

    Finalidad: Bezeroaren eskakizunak betetzen dituzten higiezinen inguruko informazioa bidaltzeko, inprimaki hau betez.

    Legitimación: Bezeroen eskaera aurreordainketa neurriak ezartzeko (aurrekontu eskaera edo gure zerbitzu profesionalei buruzko informazioa).

    Destinatarios: Datu hauek bulegoan iritsiko dira eta ez da datu transferentziarik espero ez bada behartutako betebeharra.

    Derechos: Zure eskubideak zure datu pertsonaletara sartzeko, aldatzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, transferitzeko edo ezabatzeko eskubidea erabil dezakezu helbide elektroniko bidez: XXXXXX@XXXXXXX.es

    Responsable: XXXXX

    Finalidad: Zure ondasun higiezinen agentziari buruzko informazioa bidaltzeko, zure bezeroei bere bezeroei saltzen edo alokatzen saiatzen den jakiteko balio dezake.

    Legitimación: Legeztasuna "Funtsen babes politika onartzen dut" botoian klik egitean emandako baimenean oinarritzen da.

    Destinatarios: Bezeroaren datuak ez zaizkie inori transferituko, baldin eta legezko betebeharra ez bada. Higiezinen datuek higiezinen agentziak kolaboratu ditzakete edo web orrialdeetan eta higiezinen portaleetan argitaratu.

    Derechos: Zure eskubideak zure datu pertsonaletara sartzeko, aldatzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, transferitzeko edo ezabatzeko eskubidea erabil dezakezu helbide elektroniko bidez: XXXXXX@XXXXXXX.es

    Responsable: XXXXX

    Finalidad: Webgunearen bidez informazio eskaerak kudeatzeko, higiezinen profesionalen zerbitzuak eskaintzeko eta eskatutako informazioa emateko.

    Legitimación: Legeztasuna "Funtsen babes politika onartzen dut" botoian klik egitean emandako baimenean oinarritzen da.

    Destinatarios: Zure datuak ez zaizkie inori transferituko, baldin eta legezko betebeharra ez bada.

    Derechos: Zure eskubideak zure datu pertsonaletara sartzeko, aldatzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, transferitzeko edo ezabatzeko eskubidea erabil dezakezu helbide elektroniko bidez: XXXXXX@XXXXXXX.es

    Responsable: XXXXX

    Finalidad: Webgunearen bidez informazio eskaerak kudeatzeko, higiezinen profesionalen zerbitzuak eskaintzeko eta eskatutako informazioa emateko.

    Legitimación: Legeztasuna "Funtsen babes politika onartzen dut" botoian klik egitean emandako baimenean oinarritzen da.

    Destinatarios: Zure datuak ez zaizkie inori transferituko, baldin eta legezko betebeharra ez bada.

    Derechos: Zure eskubideak zure datu pertsonaletara sartzeko, aldatzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, transferitzeko edo ezabatzeko eskubidea erabil dezakezu helbide elektroniko bidez: XXXXXX@XXXXXXX.es

    Izena
    posta elektronikoa
    Telefonoa
    Oharrak
    "SEND" botoia sakatuz, LINK honetan ezarritako Pribatutasun-gidalerroen baldintzak irakurri, ulertu eta onartu dituzula baieztatzen duzu
    Izena
    posta elektronikoa
    Telefonoa
    Oharrak
    "SEND" botoia sakatuz, LINK honetan ezarritako Pribatutasun-gidalerroen baldintzak irakurri, ulertu eta onartu dituzula baieztatzen duzu
    Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu webgunean zure nabigazioa errazteko, gurekin nola elkarreragiten duzun jakiteko eta datu estatistikoak biltzeko. Mesedez, irakurri gure Cookie Politika, erabiltzen ditugun cookieei buruz, haien xedeari eta horiek konfiguratzeko edo baztertzeko moduari buruz gehiago jakiteko, hala uste baduzu.
    Onartu guztiak Kudeatu cookieak RECHAZAR